¿Qué pasa con la Ley de Dependencia en Canarias?

La Ley de Dependencia nació como uno de los grandes pilares del Estado del bienestar, un servicio elemental para cualquier sociedad moderna y civilizada. Sin embargo, en Canarias, después de más de 19 años de su aprobación, sigue presentando carencias graves que afectan directamente a las personas más vulnerables: mayores, dependientes y sus familias.

Desde las administraciones se repite con frecuencia que el principal problema es la falta de recursos. Pero este argumento no termina de convencer. Los presupuestos públicos, tanto autonómicos como estatales y municipales, no han dejado de aumentar en los últimos años. La pregunta es clara: ¿dónde se prioriza el gasto? Da la sensación de que hay sectores que reciben más atención y financiación, mientras las necesidades sociales básicas siguen relegadas a un segundo plano.

Las consecuencias están a la vista. Cada día vemos más familias empobrecidas y socialmente desestructuradas, lo que genera un aumento preocupante de problemas de salud mental en la población. A esto se suma una política de “pan y circo”, con fiestas y eventos promovidos por distintas áreas administrativas, muchas veces camuflados como cultura o dinamización social, pero cuyo verdadero interés parece ser el rédito electoral. Tristemente, como sociedad hemos llegado a valorar más la fiesta que la atención a quienes realmente lo necesitan. Hemos perdido el sentimiento de pueblo y de cuidado colectivo.

Una ley que se limita a crear equipos de trabajo, oficinas y estructuras administrativas, pero que no cuenta con recursos suficientes para llegar a las personas dependientes, pierde su sentido. Se convierte en un “chiringuito” más para presumir de gestión de cara al exterior, mientras la ciudadanía no percibe mejoras reales. Desde fuera se dice “qué bien lo están haciendo”, pero quienes sufren la dependencia saben que la realidad es muy distinta.

La situación de las personas mayores es especialmente alarmante. Cada vez es más frecuente ver cómo son abandonadas en los hospitales porque sus familias, agotadas y sin apoyos suficientes, no pueden atenderlas en sus domicilios. Incluso personas con grado III de dependencia reciben ayudas mínimas, que en muchos casos se traducen en dos o tres horas semanales de atención. ¿Y el resto del tiempo? ¿Quién cuida, acompaña y sostiene a estas personas?

Este problema no solo no disminuye, sino que aumenta día a día. Y lo más preocupante es la sensación de que no se buscan soluciones reales porque no es un tema visible, no da titulares, no genera votos. En las tertulias de muchas asociaciones de mayores se intenta sacar esta realidad a la luz, compartir experiencias y denunciar lo que está ocurriendo, pero rara vez se nos escucha.

La Ley de Dependencia en Canarias necesita algo más que discursos y propaganda. Necesita recursos, planificación, voluntad política y, sobre todo, poner a las personas en el centro. Porque una sociedad que no cuida a sus mayores y dependientes es una sociedad que ha perdido el rumbo.