LAS ASOCIACIONES VECINALES: DEFENSORAS DEL INTERÉS GENERAL… SIN DEFENSA JURÍDICA

Las administraciones públicas cuentan con servicios jurídicos propios, formados por abogados y técnicos que son sufragados con los impuestos de toda la ciudadanía y que, en teoría, están al servicio del interés general. Sin embargo, existe una contradicción evidente: las Asociaciones Vecinales, que también realizamos una labor pública y de interés general, no disponemos de ese respaldo jurídico salvo que podamos pagarlo de nuestro propio bolsillo.

Esta es, sin duda, una de las principales carencias del movimiento vecinal. Las asociaciones nos encontramos con enormes limitaciones económicas que nos atan de manos a la hora de denunciar actuaciones que consideramos injustas, irregulares o contrarias al interés general de nuestra comunidad. En muchos casos, no es falta de voluntad, sino falta de recursos.

Además, existe un gran desconocimiento sobre si las Asociaciones Vecinales tenemos derecho a solicitar un abogado de oficio o algún tipo de asistencia jurídica pública. Esta falta de información no es casual: cuando planteamos estas cuestiones, a menudo nos encontramos con respuestas vagas, negativas automáticas o con la frase que parece haberse generalizado en los últimos tiempos: “la ley no lo permite”. Y lo aceptamos, sin más explicaciones, y pasamos página. Quizá no siempre sea así.

A todo ello se suman las numerosas trabas administrativas que aparecen cuando intentamos defender los intereses de nuestros pueblos y barrios. La burocracia se convierte en una barrera más, desalentando la participación y debilitando a quienes intentan ejercer una vigilancia ciudadana legítima.

Por otro lado, sentimos el apoyo moral de una ciudadanía cada vez más descontenta. Ese respaldo existe, nos arropa en conciencia, pero rara vez se traduce en una presencia activa y visible. Esta ausencia refuerza la percepción, por parte de la administración, de que las asociaciones somos débiles o fácilmente ignorables.

Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué hacemos?, ¿cómo nos defendemos?

Desde nuestro punto de vista, las Asociaciones Vecinales tenemos la obligación de vigilar nuestro entorno comunitario para poder vivir de forma organizada, justa y transparente. Nuestra labor no es confrontar por confrontar, sino supervisar, preguntar y exigir que se cumpla aquello que se prometió antes de unas elecciones y por lo que se pidió nuestro voto.

No nos vale la mentira, ni el bulo, ni las excusas que hoy parecen estar de moda. Apostamos por una democracia honrada, participativa y de calidad, donde la ciudadanía organizada tenga herramientas reales para defender el interés general.

Porque defender nuestros barrios es, en definitiva, defender la democracia.