¿OFERTA Y DEMANDA? ¿UDES LO CREEN?

En Canarias ya ni siquiera intentan disimularlo. Nos dicen que los precios del combustible responden a “la oferta y la demanda”, como si esa frase bastara para justificar cualquier abuso. Pero la realidad es cada vez más difícil de ocultar: lo que vivimos no es un mercado eficiente, es un sistema que permite cobrar al ciudadano hasta el límite de lo soportable.

No hay otra forma honesta de explicarlo cuando el mismo litro de combustible puede costar hasta 30 céntimos más dependiendo de la gasolinera. No estamos hablando de diferencias mínimas ni de ajustes puntuales: hablamos de variaciones que, acumuladas, suponen un golpe directo al bolsillo de miles de familias.

¿De verdad cuesta más transportar ese combustible a una estación que a otra situada a pocos kilómetros? ¿O estamos, simplemente, ante un modelo que permite fijar precios sin un control real mientras se protege el discurso de la “libre competencia”?

Porque ese es otro de los grandes mitos: aquí no hay una competencia tan libre ni tan equilibrada como se quiere hacer ver. En muchas zonas, el consumidor no elige en igualdad de condiciones. O repostas donde puedes, o asumes el coste. Y esa falta de alternativas reales es el terreno perfecto para que los precios se inflen sin consecuencias.

Mientras tanto, el papel de los organismos supervisores queda diluido en informes, estudios y advertencias que rara vez se traducen en cambios efectivos. Se vigila, sí, pero no se interviene. Se detectan problemas, pero no se corrigen. Y en ese vacío, quienes salen perdiendo son siempre los mismos.

La otra cara de esta realidad es aún más evidente: los salarios. Porque mientras los precios se mueven con total libertad, los ingresos de la mayoría permanecen atados a subidas limitadas, insuficientes y, en muchos casos, desconectadas del coste real de la vida. El resultado no es casualidad, es una transferencia silenciosa de poder adquisitivo desde la ciudadanía hacia quienes controlan los precios.

Y, sin embargo, lo más inquietante no es solo lo que está pasando, sino lo que no está pasando: la reacción social. Se ha instalado una peligrosa normalización del abuso. Suben los precios, se encarece la vida, y la respuesta colectiva es cada vez más débil, más dispersa, más resignada.

Quizá porque se ha conseguido algo aún más eficaz que justificar las subidas: hacerlas inevitables en la mente de la gente.

Pero no lo son.

No es inevitable que existan diferencias de precios tan elevadas en un bien básico.

No es inevitable que las subidas sean rápidas y las bajadas lentas.

No es inevitable que siempre paguen los mismos.

Lo que sí es inevitable, si no se cuestiona, es que este modelo continúe exactamente igual.

Y tal vez la pregunta ya no sea por qué suben los precios, sino hasta cuándo se va a aceptar sin exigir responsabilidades.